La justicia peruana condenó a 17 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional por la tortura y violencia sexual cometidas contra Azul Rojas Marín, una mujer trans y activista por los derechos de la comunidad LGBTI.
El fallo, emitido por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, constituye una condena inédita en el país y se produce luego de un prolongado proceso que incluyó la intervención del sistema interamericano de derechos humanos.
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Los condenados son Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León, quienes fueron hallados responsables de los hechos ocurridos en 2008 en la ciudad de Casa Grande, en el norte del Perú, según informó ‘BBC News Mundo’.
El caso también marcó un precedente regional, al convertirse en el primero en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en analizar y declarar la existencia de tortura motivada por discriminación.
Rojas fue víctima de insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio. Foto:Redress.
La detención y las agresiones
El 28 de febrero de 2008 Azul Rojas caminaba hacia su casa cuando fue interceptada por los tres agentes policiales, quienes le solicitaron su documento de identidad.
Según el testimonio presentado durante las audiencias judiciales, al advertir que se trataba de una mujer trans, los policías la detuvieron y la trasladaron a una comisaría.
En ese lugar, Rojas fue víctima de insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio, además de violencia física.
La sentencia judicial detalla que fue golpeada, sometida mediante el uso de la fuerza y agredida sexualmente, incluyendo el uso de una vara policial, hechos que la Corte calificó como tortura sexual.
El fallo también consideró que, pese a su estado físico tras las agresiones, Azul Rojas permaneció privada de la libertad sin recibir ningún tipo de auxilio, a pesar de presentar dolores intensos derivados de los ataques.
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Denuncia, archivo del caso y discriminación institucional
Tras recuperar la libertad, Azul Rojas presentó una denuncia ante las autoridades locales. Sin embargo, según relató posteriormente, volvió a ser víctima de discriminación durante ese proceso.
De acuerdo con su testimonio citado, un fiscal le habría dicho que no le harían caso “por ser homosexual” y que, de haber sido “una persona normal”, su denuncia sí habría prosperado.
El caso fue finalmente archivado por un tribunal peruano, lo que dejó a los tres agentes en libertad y sin sanción penal en ese momento.
La Corte IDH determinó que el Estado peruano era responsable por no garantizar justicia. Foto:Cortesía
El camino hacia el sistema interamericano
Ante el cierre del proceso en Perú, Azul Rojas decidió acudir a organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust.
Con su apoyo, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente elevado a la Corte Interamericana.
En 2020 la Corte IDH determinó que el Estado peruano era responsable por no garantizar justicia ni atención adecuada a la víctima.
El tribunal estableció que la detención fue arbitraria, motivada por discriminación, y que los hechos constituyeron tortura sexual, subrayando que la orientación sexual y la identidad o expresión de género no pueden ser motivo de violencia.
Reapertura del proceso y nueva condena
Como resultado de la sentencia internacional, la Corte IDH ordenó al Estado peruano reabrir el proceso penal contra los agentes involucrados.
A partir de esa decisión, la Fiscalía peruana inició una nueva investigación y formuló cargos por tortura y violencia sexual agravada, considerando el ensañamiento motivado por la identidad de género de la víctima y su pertenencia a la comunidad LGBTI.
El nuevo juicio culminó con la condena a 17 años de prisión para los tres policías, dictada por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú.
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Medidas de reparación y reconocimiento de responsabilidad
Como parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, el Estado peruano realizó en 2022 un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. En ese evento, pidió perdón a Azul Rojas Marín y a su familia por el daño irreversible causado.
La organización Redress, que acompañó a Rojas durante el proceso, que la sentencia representa un paso importante para garantizar su derecho a la justicia y una señal de avance en la lucha contra la impunidad en casos de tortura y violencia contra personas LGBTI en el país.
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