Las negociaciones de paz impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro en Putumayo, lejos de traducirse en una reducción de la violencia, están siendo aprovechadas por grupos armados para reforzar su dominio territorial y ampliar los abusos contra la población civil.
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Las víctimas más frecuentes son líderes indígenas y comunitarios. Foto:Captura de video
Así lo advirtió en un nuevo informe la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) tras documentar un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en este departamento fronterizo con Ecuador, uno de los epicentros del conflicto y del narcotráfico en el país.
Desde 2023, el gobierno ha instalado mesas de diálogo con varios actores armados con fuerte presencia en Putumayo. Aunque en algunos casos se han alcanzado acuerdos preliminares sobre sustitución de cultivos de coca y entrega de armas, organizaciones como los Comandos de la Frontera (parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano), el Frente Raúl Reyes (estructura que hace parte de las disidencias de ‘Calarcá’) y el Frente Carolina Ramírez continúan consolidando el control social y territorial.
Según HRW, estos grupos han impuesto normas propias, castigado a civiles mediante trabajos forzados, restringido la movilidad, reclutado menores de edad y asesinado a líderes comunitarios.
“Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población. Mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas en esta organización.
En septiembre de 2025, HRW realizó una visita a Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga, donde recopiló 45 testimonios de víctimas, autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y funcionarios locales. Muchos de ellos hablaron bajo anonimato por miedo a represalias, un indicador del nivel de control y vigilancia que ejercen los grupos armados sobre las comunidades.
Putumayo posee la segunda mayor producción de hoja de coca del país. Foto:Sexta Brigada del Ejército Nacional
Putumayo, que posee la segunda mayor producción de hoja de coca del país, es un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. En este contexto, estos tres grupos se disputan e imponen dominio sobre distintas subregiones.
Mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen
Juanita GoebertusDirectora para las Américas de HRW
De acuerdo con la ONG, aunque dos de ellos participan en negociaciones con el Estado, su comportamiento sobre el terreno no refleja una desescalada.
HRW documentó que, pese a la caída oficial de los homicidios, los grupos obligan a comunidades enteras a recoger y enterrar cadáveres para ocultar asesinatos. Las víctimas más frecuentes son líderes indígenas y comunitarios. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Jhon Fredy Rico, miembro de una Junta de Acción Comunal en Puerto Guzmán, ocurrido el 7 de septiembre, presuntamente en retaliación por su participación en actividades relacionadas con las conversaciones de paz.
Además, los grupos ejercen control social mediante toques de queda, confinamientos y presencia armada constante. Entre abril y noviembre de 2025, el Frente Carolina Ramírez (de las disidencias de ‘Iván Mordisco’) confinó a más de 350 personas de comunidades indígenas en Puerto Leguízamo, afectando el acceso a alimentos y medicinas. Las autoridades indígenas reportaron, igualmente, restricciones severas a prácticas espirituales ancestrales debido a las prohibiciones impuestas por los Comandos de la Frontera.
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Las presiones también se extienden al ámbito comunitario y político. Líderes señalaron que, en febrero, los residentes fueron obligados a marchar en apoyo a los diálogos de paz y a exigir la liberación de ‘Araña’, el máximo comandante de los Comandos de la Frontera, detenido en Bogotá.
Paralelamente, dice HRW, se prohíben protestas contra empresas petroleras y se exige a los habitantes portar un carné expedido por autoridades locales cooptadas por los grupos, documento que, según un líder indígena, “es más importante que la cédula”.
La lista de abusos incluye también el reclutamiento sistemático de menores (al menos 25 casos registrados oficialmente entre 2024 y 2025), trabajos forzados asociados a obras rurales usadas para ganar legitimidad local, e intentos de los grupos por influir en censos comunitarios para evadir la justicia ordinaria.
El presidente Gustavo Petro en Putumayo. Foto:Presidencia
Ante este panorama, HRW instó al gobierno a adoptar una estrategia integral que combine seguridad, justicia y protección para las comunidades, especialmente pueblos indígenas.
“El gobierno debe abordar urgentemente la situación de Putumayo”, concluyó Goebertus, recalcando que sin presencia estatal efectiva y protección real, las negociaciones de paz seguirán siendo instrumentalizadas para consolidar el poder de los grupos armados.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
