La Policía Federal ejecutó este miércoles 3 cinco órdenes de búsqueda y captura en Curazao, en el norte de Bahía, y en Brasilia, en el Distrito Federal, dentro de una investigación sobre la presencia de un virus letal en guacamayos azules, especie en peligro de extinción.
Las pesquisas señalan que las empresas encargadas de la reintroducción de estas aves en la naturaleza habrían incumplido protocolos sanitarios obligatorios.
El circovirus, descrito por el ICMBio como un patógeno “potencialmente grave y letal”, nunca había sido registrado en fauna silvestre de Brasil. El organismo explicó que el virus afecta los picos y plumaje de los guacamayos de Spix, aunque no representa riesgo para humanos ni aves de corral.
LEA TAMBIÉN
ICMBio confirmó contagios en aves liberadas y alertó sobre riesgos para su conservación. Foto:Policía Federal Brasil
Detección del virus y divergencias entre instituciones
El caso se hizo público el 27 de noviembre, cuando el ICMBio informó que los 11 guacamayos de Spix que viven en libertad en Bahía habían dado positivo para circovirus. Un día después, la entidad reportó otros 20 diagnósticos positivos. La dirección del Centro de Crianza de Ararinha Azul, sin embargo, rechazó estos datos y afirmó que únicamente 5 aves habían presentado el virus en pruebas realizadas, mientras que otras 98 mantenían resultados negativos. La institución reiteró que trabaja desde hace más de 15 años en la conservación de la especie y aseguró cumplir estrictos estándares de bioseguridad.
El organismo federal puso en marcha el Operativo Esperanza Azul e incautó aves y dispositivos electrónicos en los lugares inspeccionados. Según la Policía Federal, el criadero investigado no adoptó medidas de emergencia ordenadas por el ICMBio, entre ellas el aislamiento sanitario, pruebas seriadas y la recolección de ejemplares en el entorno natural.
Las personas involucradas podrían responder por tres delitos:
- Propagación de enfermedades capaces de dañar la vida silvestre.
- Matar animales salvajes.
- Obstrucción de la fiscalización ambiental.
Las sanciones combinadas podrían sumar hasta ocho años de prisión, además de penalidades administrativas.
Autoridades analizan responsabilidad por delitos ambientales que podrían conllevar penas de prisión. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Hallazgos en inspecciones y sanciones aplicadas
Tras detectarse circovirus en un ejemplar en mayo, el ICMBio activó el Sistema de Comando de Incidentes para contener la propagación del agente patógeno. En inspecciones con Inema y la Policía Federal se identificaron fallas en protocolos de bioseguridad en el criadero del Programa de Reintroducción de la Paraba de Spix. La empresa Criadouro Ararinha-azul recibió una multa aproximada de R$ 1,8 millones
Estuvo entre las observaciones la falta de limpieza diaria y la presencia de comederos con acumulación de heces secas. Además, se verificó que empleados manipulaban aves usando chanclas, pantalones cortos y camisetas, pese a la obligación de utilizar equipo de protección personal.
Operativo Esperanza Azul incautó aves y equipos electrónicos para avanzar en la investigación. Foto:Policía Federal Brasil
LEA TAMBIÉN
Posición de la empresa
“La defensa del Centro de Crianza Ararinha-azul informa que la Policía Federal incautó teléfonos celulares y computadoras a empleados de la empresa, y que las aves permanecen en el centro de crianza, bajo el cuidado de los empleados y bajo la tutela del Estado.” La entidad manifestó tranquilidad frente a la investigación y recordó que reportó la detección del virus a autoridades ambientales en mayo de 2025. También afirmó que la primera identificación del circovirus ocurrió en un polluelo nacido en libertad.
El centro sostiene que los 103 guacamayos de Spix alojados allí mantienen buena salud general y que la especie presenta resistencia natural al circovirus. Subraya, además, que siempre siguió los protocolos exigidos por los gobiernos brasileño y alemán y que las pesquisas deberán comprobar su conducta legal. El punto de desacuerdo con el ICMBio se relaciona con la captura de ejemplares silvestres, inicialmente suspendida por orden judicial y posteriormente autorizada tras la revocatoria del juez, lo que permitió cumplir la notificación en un plazo de 20 días.
La empresa expresó confianza en que las investigaciones de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal aclaren los hechos y garanticen el reconocimiento de su actuación. También manifestó su expectativa de que el proyecto de creación, manejo y preservación de la especie pueda continuar una vez concluidas las diligencias.
O Globo (Brasil) / GDA
Más noticias en EL TIEMPO
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de O Globo, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
