Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a decenas de personas acusadas de integrar bandas criminales e intervinieron dos prisiones con alto nivel de hacinamiento, en el marco de las primeras acciones del estado de emergencia decretado por 30 días por el Gobierno de transición para enfrentar la criminalidad en Lima y la vecina provincia del Callao.
Los peruanos enfrentan una severa crisis de inseguridad por el crimen organizado, que ha desencadenado en múltiples protestas.
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Por cuenta de ello, los militares salieron éste miércoles a las calles de Lima.
Durante la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de un plan denominado ‘Destello’, que incluye la entrada en operaciones de unidades especiales en “una nueva ofensiva contra la delincuencia”, según señaló.
Militares patrullan las calles de Perú en medio de crecientes protestas. Foto:EFE
Entre los primeros operativos, se informó de una intervención de la brigada de robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en el distrito de La Victoria, donde se desarticuló una banda dedicada al robo agravado y el tráfico ilícito de drogas.
En esta operación, los agentes detuvieron a 24 personas, 21 de ellas extranjeras, que no han sido identificadas.
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La PNP informó, además, de la detención de una banda dedicada a la comercialización de drogas en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital peruana, y de un operativo de control en los distritos de Chaclacayo y Chosica, que incluyó intervenciones a conductores para detectar armas, drogas y otros objetos ilegales.
Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que también se realizaron requisas simultáneas en las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se han “encontrado diversos elementos prohibidos, como armas blancas, celulares, un dispositivo de comunicación por satélite y libretas de apuntes”.
Militares patrullan las calles de Perú en medio de crecientes protestas. Foto:AFP
Martínez confirmó que se ha decidido restringir las visitas a las prisiones, que ahora serán solo cada quince días, además de haberse ordenado un “apagón electrónico” en las cárceles, lo que supone que solo van a tener energía eléctrica para la iluminación.
“No van a poder cargar ningún tipo de artefacto eléctrico, asimismo se ha dispuesto que se haga un barrido alrededor de los penales a fin de detectar que no haya antenas ilegales”, explicó.
El presidente participa en inicio de operaciones
Durante la mañana de este miércoles, el presidente de transición, José Jerí, supervisó el comando avanzado instalado por las fuerzas de seguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho, a donde llegó acompañado por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Defensa, César Díaz, entre otras autoridades.
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“Ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde van a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, serenazgo (seguridad municipal) y Policía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades”, comentó el mandatario.
Militares patrullan las calles de Perú en medio de crecientes protestas. Foto:AFP
Agregó que durante la intervención en el penal de Lurigancho le ha “llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente”.
A su turno, el ministro del Interior aseguró que durante el estado de emergencia se dará prioridad a los trabajos “de inteligencia operativa policial”, tanto para labores preventivas como para la lucha contra la delincuencia.
El decreto emitido por el Gobierno señala que mientras dure el estado de emergencia también se prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta, una medida que comenzó a ser acatada en la capital, a pesar de la disconformidad de los dueños de estos vehículos.
Además, se han suspendido derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, mientras que las Fuerzas Armadas dan apoyo a la PNP en el combate al crimen organizado.
José Jerí Ore Foto:AFP
Un estado de emergencia “con nuevo enfoque”
Este estado de emergencia, que ha sido ordenado en los últimos años en varias regiones del país, se decretó después de que en Lima se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta contra el Ejecutivo y el Congreso para exigir medidas efectivas en la lucha contra el incremento del crimen organizado.
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Este problema fue uno de los principales motivos que llevaron a la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) de la jefatura de Estado el pasado 9 octubre por el pleno del Congreso.
La expresidenta de Perú Dina Boluarte habla con simpatizantes tras ser destituida. Foto:EFE
Precisamente, al confirmar el inicio de la nueva medida, Jerí señaló que su gobierno ha decidido “cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú” y que este estado de emergencia “presenta un nuevo enfoque”, al pasar “de la ofensiva a la ofensiva” en la lucha contra la criminalidad.
“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, remarcó.
