En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador, o que ese cargo sea ocupado por un exfuncionario del mismo mandatario. O que alguien llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera judicial, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.
Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue. No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas.
Condena. Foto:iStock
¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares? ¿Son juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia? Por primera vez, las respuestas a esos interrogantes se traducen en datos: una investigación realizada por Ruido y Connectas en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64 por ciento de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos con los gobiernos locales –o con sus funcionarios– antes de ser designados en sus cargos.
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Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local –cargos ejecutivos o legislativos– tuvieron funciones partidarias o algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política. Con un dato adicional: 76 de estos supremos –es decir, más de la mitad del total– fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional, y las propias cartas magnas provinciales. La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.
Ciudad de Rosario, en Argentina. Foto:AFP
Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces. Y si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial.
“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, ratifica Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional. Ella anota que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, solo el 28 por ciento de la población en promedio confía en la Justicia. “En Argentina –agrega– esa cifra baja al 22 por ciento. La politización de la Justicia es responsable –en parte– de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”.
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Ejemplos extremos
En cada provincia analizada sobran ejemplos que exponen esta situación. Pero hay dos casos emblemáticos: en Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores locales estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.
Tanto la Cortes tucumana como la sanjuanina admitieron la postulación de Juan Manzur y de Sergio Uñac, respectivamente. La avanzada solo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias.
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En San Juan, los 5 jueces de la Corte tienen vínculos previos con el Poder Ejecutivo. Y en Tucumán se replica esa situación, con 4 de 5 magistrados.
En Argentina, la designación de los jueces de las Cortes provinciales (o Superiores Tribunales de Justicia) combina una nominación por parte del poder ejecutivo provincial y un posterior acuerdo del legislativo, aunque los detalles específicos varían entre las jurisdicciones.
Obstáculos para investigar
Para esta investigación se realizaron pedidos de acceso a la información (PDI) a cada una de las 24 Cortes Supremas. Se recibieron nueve respuestas, pero solo la del Tribunal Superior de Córdoba incluyó todo lo solicitado. En los casos de Mendoza, Entre Ríos, Salta, La Pampa, Neuquén y Chaco fueron parciales; desde Catamarca y Tierra del Fuego respondieron solo algunos de los jueces.
Ante el pedido de Ruido y Connectas, solo opinaron sobre este tema los jueces de Córdoba y uno de Tierra del Fuego. En ambos casos recalcaron que sus nombramientos se dieron conforme a lo que establecen las normas, y mencionaron los “anticuerpos” que el mismo sistema judicial tiene para resguardar la independencia y la parcialidad.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la falta de información sobre los antecedentes de los jueces, ya que son muy pocos los sitios web de los poderes judiciales provinciales en donde se consigna el CV de cada integrante de la Corte. Por el contrario, la mayoría no solo no dispone de esos datos, sino que a veces ni siquiera existe una biografía pública accesible online, lo que impide saber con precisión quiénes son los magistrados que tienen la última palabra para dirimir una causa judicial en la provincia.
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Cortes con más ‘vínculos’
La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos en su justicia: son las tres provincias en donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder antes de ser nombradas en esos cargos.
Uno de los factores que han favorecido la politización de las cortes es la hegemonía política de un partido o signo político desde el regreso de la democracia en 1983. Esto se evidencia en las tres provincias mencionadas, donde todos los supremos tienen vínculos con el peronismo, signo político que ha gobernado estas provincias casi ininterrumpidamente los últimos 40 años.
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La Rioja es uno de los ejemplos más claros para analizar la calidad institucional del Poder Judicial en las provincias. En diciembre de 2021 estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso e hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia. A los cuatro meses de asumir, además, la eligieron presidenta del máximo tribunal.
Cabe destacar que el esposo de Becerra, Ernesto Pérez, fue secretario de Agricultura y ahora ministro de Producción y Ambiente de Quintela y, además, socio del mandatario en el establecimiento agrícola ganadero El Mistol.
Entre los 24 distritos analizados, el peronismo es el signo político de las gestiones que más jueces nombraron (87 de los 138 casos).
Héctor Chayer, de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), opina “que el hecho de que los integrantes de las Cortes Supremas tengan antecedentes en el Poder Ejecutivo o Legislativo no es necesariamente un problema en sí mismo”. Pero sí propone “dar seguimiento a cómo votan estos jueces”.
Dos casos elocuentes
Más allá de los casos de Tucumán, San Juan o La Rioja, las siguientes historias sirven para pensar hasta dónde pueden influir los vínculos previos con el poder político de estos jueces, y reafirman en gran parte la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri fue detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción. Pero, gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, su paso por la cárcel fue de solo 50 días.
El 8 de enero de 2025, su hijo Mauro –exministro de Gobierno– lo fue a buscar a la Unidad Penal de Paraná y lo llevó de vuelta a casa. Cinco meses después, el mismo órgano judicial cerró toda posibilidad de que volviera a la cárcel al negar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uribarri había sido condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por realizar campañas que eran montajes para pagar con recursos del Estado publicidad para posicionarse como precandidato presidencial. También por un esquema de cartelización de publicidad en favor de las empresas que, la Justicia entendió, eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.
Para sacarlo de prisión fue clave el voto del presidente del máximo tribunal de la provincia, Leonardo Portela, exsecretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú (2007-2008), que desempeñó esa función cuando Urribarri era el gobernador de la provincia.
Los riesgos de denunciar
Otro caso elocuente ocurrió en 2020 en Tucumán, cuando el juez Enrique Pedicone hizo público un audio que él mismo había grabado en un bar, durante una conversación con el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva.
En esa charla, Leiva le solicitaba a Pedicone que manejara “la intensidad” en una causa contra el legislador Ricardo Bussi, por un presunto caso de abuso sexual que habría sucedido en su despacho.
Según Pedicone, Leiva “actuó a pedido de Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán (entonces ‘vice’), y de Juan Manzur (ex primer mandatario provincial, hoy senador)”.
Pedicone, juez de la Cámara Penal provincial, inició entonces una causa judicial contra Leiva, por supuesto tráfico de influencias. Pero la incorporación de esas grabaciones al expediente fue rechazada por distintas instancias del ámbito provincial y hoy son materia de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Entretanto, y por supuestamente haber incumplido sus deberes como funcionario público en otros casos, Pedicone fue destituido de su cargo como juez provincial. Y mientras que la CSJN estudia un amparo que presentó Pedicone para ser restituido como juez, Daniel Leiva sigue en su puesto.
“Es fundamental que volvamos a repensar los procesos de selección de las Cortes Supremas, y eso incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos casos son procesos políticos en los que interviene el Poder Ejecutivo y luego una aprobación del Legislativo, con escasas o nulas instancias de participación ciudadana y/o de transparencia en el proceso”, afirma Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de Acij (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)”.
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La abogada agrega que “las trayectorias y las historias profesionales de quienes conforman el Poder Judicial también pueden impactar en el modo en que ejercen su función”, pero “hay que ver caso por caso”. Menciona estándares internacionales en la materia, que establecen que “jueces y juezas no solo tienen que ser independientes, sino también parecerlo”.
“La pregunta no es solo de fondo institucional, sino de lógica política: ¿puede ese juez resistir la tentación –o la presión– de favorecer al mismo partido que lo designó? ¿O su designación ya es el resultado de un pacto que condiciona sus futuros fallos?”, se pregunta el abogado constitucionalista Rodrigo López Tais.
Y agrega: “Algo de esto ya había sido motivo de observación por parte de Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, cuando advertía que “se requiere que los jueces sean inamovibles para que sean libres, pero de nada sirve que no se les pueda quitar su independencia, si ellos la sacrifican voluntariamente”.
Y finaliza: “Una república sin jueces independientes es apenas un ornamento constitucional. Un formalismo institucional que permite que todo ocurra ‘conforme a la ley’, incluso aquello que viola el propio orden constitucional. En esas democracias de papel, el derecho ya no protege al ciudadano, sino que lo disciplina, ya que no hay jueces que hablen en nombre de la justicia, sino que lo hacen en nombre del poder”.
En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador, o que ese cargo sea ocupado por un exfuncionario del mismo mandatario. O que alguien llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera judicial, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.
RUIDO (*) Y CONNECTAS (**)
(*) Ruido es una red de investigación de periodistas argentinos.
(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
