En el corazón del Amazonas, donde el cauce dibuja y borra islas a su antojo, Santa Rosa se asienta frente a Leticia, en Colombia, y Tabatinga, en Brasil. Durante décadas fue un punto invisible para la agenda estatal de Perú. Hoy, su nombre aparece en comunicados diplomáticos y titulares. El motivo: la Ley n.º 32403, aprobada el 12 de julio de 2025 por el Congreso peruano, que oficializa la creación del Distrito de Santa Rosa en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto.
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Para Lima, se trata de una medida interna destinada a reforzar la presencia del Estado en una zona relegada por más de medio siglo. Para Bogotá, en cambio, es una decisión con implicaciones estratégicas que podría tocar fibras sensibles del Tratado Salomón-Lozano de 1922, el mismo que garantizó a Colombia un acceso soberano al río Amazonas.
El presidente Gustavo Petro lo sintetizó en una frase: la decisión peruana “va contra el espíritu” del tratado. De fondo, su preocupación tiene una motivación estratégica: la sedimentación del río viene secando gradualmente el cauce del lado colombiano. Esta situación –que han advertido expertos desde hace años– puede dejar al puerto de Leticia sin acceso al Amazonas.
Presidente Gustavo Petro en el XX Congreso de la Jurisprudencia Constitucional Foto:Archivo
El Gobierno peruano responde que Santa Rosa siempre estuvo bajo su jurisdicción, que la nueva categoría no altera fronteras ni geografía, y que solo busca atender demandas locales largamente postergadas. Dos lecturas distintas de un mismo escenario, unidas por un trasfondo común: una historia de tensiones, negociaciones y desencuentros que llevaban dormidos casi un siglo.
El Tratado Salomón-Lozano, firmado el 24 de marzo de 1922 con mediación de Estados Unidos, puso fin a décadas de disputas territoriales. Otorgó a Colombia el Trapecio Amazónico –un aproximado de 100.000 kilómetros cuadrados que le aseguraba acceso al río– y consolidó para Perú la soberanía sobre extensas áreas del sur y el oeste amazónico. La ratificación fue inmediata en Colombia, pero en Perú tomó seis años, alimentando un clima de desconfianza.
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En 1932, ese ambiente derivó en la ocupación de Leticia por un grupo de civiles peruanos, lo que dio inicio a un breve conflicto armado. La mediación de la Liga de las Naciones condujo al Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que ratificó los límites y estableció que cualquier nueva formación insular debía resolverse bilateralmente.
Pero el río Amazonas no firma tratados. Su cauce se desplaza, erosiona, deposita, y en ese proceso crea y borra islas. Santa Rosa es fruto de esa dinámica.
Pero el Amazonas no firma tratados. Su cauce se desplaza, erosiona, deposita, y en ese proceso crea y borra islas. Santa Rosa es fruto de esa dinámica. Surgió en la década de los 70, cuando la fragmentación de la antigua isla Chinería (que los tratados entregaban a Perú) y procesos de sedimentación dieron origen a ese “nuevo” territorio ahora en disputa.
En derecho internacional, las fronteras fluviales se fijan según la geografía en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el río cambia, la letra del tratado se enfrenta a un mapa que ya no es el mismo.
Abandono y tensiones
La disputa diplomática trae al presente la realidad de un lugar que ha sido poco atendido por ambos países. Antes de convertirse en distrito, Santa Rosa era un territorio gestionado a distancia; para llegar a este punto, se debía navegar entre dos y tres horas desde Caballococha, capital del distrito peruano de Ramón Castilla. Era una isla sin infraestructura básica, sin oficinas públicas permanentes. La atención médica dependía de traslados en bote a Leticia o Tabatinga. La pobreza monetaria, las viviendas precarias, la conectividad digital deficiente y las telecomunicaciones inestables formaban parte de la cotidianidad.
Población de Santa Rosa se identifica como peruana. Foto:Santiago Ruiz. AFP
La economía local se sostenía en el comercio informal, la pesca artesanal y trabajos temporales en las ciudades vecinas, junto con actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y delitos conexos como la trata y el tráfico de personas. Aunque reconocida como peruana, la población accedía a servicios esenciales en las ciudades colombianas o brasileñas, donde la presencia estatal es un poco más tangible. Incluso, en algunos casos recopilados durante experiencias periodísticas, las personas accedían a doble y hasta triple nacionalidad para acceder a beneficios sociales que no alcanzaban en Perú.
Es por ello que la disputa territorial desatada desde las capitales nacionales carece de sentido entre la ciudadanía de Santa Rosa. “Nosotros queremos que no solamente vengan las autoridades porque hay problemas bilaterales con Colombia. Santa Rosa tiene necesidades urgentes, hay muchas cosas deficientes en este pueblo y queremos que mejore. Brasil pudiera apoyar, Colombia igual, pero ya es hora de que nuestro Gobierno peruano le dé a Santa Rosa sus autoridades como merece”, señaló Álex Valderrama, un poblador de la isla, a un corresponsal de la televisora Panamericana.
Nosotros queremos que no solamente vengan las autoridades porque hay problemas bilaterales con Colombia. Santa Rosa tiene necesidades urgentes, hay muchas cosas deficientes en este pueblo y queremos que mejore
Álex ValderramaPoblador de la isla,
De ahí que, con la nueva categoría distrital, los locales esperen un cambio. Santa Rosa es ahora uno de los cinco distritos de Mariscal Ramón Castilla, la provincia que concentra la mayor producción de cultivos ilícitos en Loreto (8.120 hectáreas), lo que engendra un clima de constante violencia e inseguridad. Pese a su relevancia, carece de hospitales o propuestas sólidas de educación superior para que los jóvenes puedan imaginar un futuro sin ser desarraigados de su territorio.
También es justo decir que ha habido un desentendimiento del lado colombiano. La advertencia sobre la posible pérdida de acceso fluvial al Amazonas tiene como mínimo dos décadas. En 1999, un estudio de Lilian Posada García y Jairo Herrera Arango ya sugería medidas como la remoción de sedimentos, obras hidráulicas para dirigir el flujo de agua, la eventual reubicación del puerto y el uso de trampas de sedimentos para frenar la colmatación. Casi 25 años después, no se ha implementado como es debido ninguna de las recomendaciones.
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Lo paradójico es que cualquiera de estas posibles soluciones beneficiaría a ambos países. El investigador Santiago Duque declaró para La Silla Vacía: “Como el río Amazonas va a una mayor velocidad por el territorio peruano, erosiona la ribera, tumba árboles y construcciones que se encuentren allí. Por tanto, si yo disminuyo parte de ese caudal, esto le favorece al hermano país”. Por lo que se requiere que ambos países se sienten a negociar.
Lamentablemente, hasta el momento ha primado más el discurso político. Por un lado, el presidente Gustavo Petro trasladó la conmemoración de la batalla de Boyacá, tradicionalmente realizada en el lugar donde Simón Bolívar selló la independencia grancolombiana, a la capital amazónica. Y desde allá expresó que Perú “violó el tratado”. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte rechazó categóricamente estos pronunciamientos.
En medio de la controversia, el 15 de agosto la presidenta peruana Dina Boluarte visitó Santa Rosa. Foto:AFP
El hecho más insólito ocurrió cuando el político y precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, fue a Santa Rosa y clavó una bandera colombiana, en un acto mediático que él mismo grabó y presentó en sus redes sociales (lo que recibió muchas críticas de ambos lados de la frontera). La bandera fue retirada pocos minutos después por las autoridades peruanas.
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No obstante, y aunque la situación no haya escalado a despliegues militares ni ruptura de relaciones, la tensión sí ha venido en aumento con el intercambio constante de declaraciones y pedidos formales de aclaración, a lo que se sumó el 12 de agosto la detención de dos ciudadanos colombianos (ver recuadro) que se encontraban realizando mediciones topográficas en la isla, como parte de una obra pública en el muelle de Leticia.
Perú sostiene que no existe una disputa limítrofe, sino un malentendido político. Colombia insiste en que el Protocolo de 1934 establece que cualquier nueva formación insular debe resolverse bilateralmente. En el fondo, ambos países saben que la frontera amazónica es un límite vivo, marcado tanto por el cauce del río como por la voluntad política, por lo que han acordado adelantar la Comisión Mixta Permanente de Integración Fronteriza (Comperif) para septiembre y reunirse en Lima para abordar el tema.
Lo que está en juego
Santa Rosa condensa las tensiones de la triple frontera y pone sobre la mesa varias discusiones: el del concepto de fronteras vivas y dinámicas donde el río obliga a reinterpretar acuerdos; el de las comunidades olvidadas que solo reciben atención cuando la geopolítica las coloca en el centro y el de los riesgos ambientales y la sensibilidad estratégica de los ríos, donde cada isla o canal navegable tiene un valor que supera su tamaño.
El desenlace dependerá de la capacidad de los gobiernos para priorizar la cooperación técnica sobre la retórica nacionalista. Una solución duradera debería combinar la reafirmación de soberanía con políticas que integren a la población local y conviertan la gestión ambiental en un esfuerzo conjunto.
En la Amazonía, las fronteras las dibuja el río, pero son los gobiernos los que deciden si esas líneas separan o unen.
(*) Periodista de investigación de la unidad LR Data de ‘La República’ (Perú), cofundadora de la iniciativa de prevención de trata de personas Infotrata y miembro de #CONNECTASHub en Perú.
(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
Perú ordenó la expulsión de dos colombianos
Los colombianos fueron detenidos por autoridades peruanas el 12 de agosto. Foto:Pantallazo: TVPerú Noticias
La justicia peruana ordenó el 20 de agosto la expulsión de Carlos Fernando Sánchez Ortegón (topógrafo) y Jhon Wilington Amia López (lanchero), detenidos el 12 de agosto en Santa Rosa, mientras realizaban labores topográficas. Ambos aseguraron que estaban demarcando un terreno para la construcción de un muelle en Leticia, pero fueron señalados por Perú de delitos relacionados con la violación de la soberanía.
En principio, fueron condenados a 17 meses de prisión, pero un acuerdo con la fiscalía sustituyó la pena a cambio de su expulsión y el pago de una sanción equivalente a 1.250 dólares. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, que además les prohibió volver a Perú por un período de cinco años.
El presidente Gustavo Petro había calificado de “ilegal” y de “secuestro” la detención de los hombres. Sobre el tema de Santa Rosa, delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión binacional para el 11 y el 12 de septiembre en Lima.
Con información de AFP
