La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, negó este viernes ante la Corte Suprema el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas y un posible riesgo de fuga, y tildó de “político” el informe policial que acusa al líder ultraderechista de intentar obstruir el juicio por golpismo.
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De ser declarado culpable, el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Foto:AFP
Los abogados del exmandatario respondieron a una petición del juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso y quien exigió explicaciones en un plazo de 48 horas ante la “reiteración de conductas ilícitas”, después de encontrar en el celular de Bolsonaro un pedido de asilo al Gobierno argentino.
A una hora de que terminara el plazo, los letrados señalaron en su escrito que “un borrador de pedido de asilo al presidente argentino” de febrero de 2024 “no puede ser considerado un indicio de fuga”.
Alegaron también que, desde el inicio de las investigaciones, Bolsonaro cumplió todas las resoluciones dictadas por la Justicia y acusaron a la Policía de dar a entender “en Brasil y en el exterior” que el exgobernante “planeó una fuga”.
“Nada más falso y nada más impactante, cuando faltan poco más de diez días para el juicio” por intento de golpe, que empezará el 2 de septiembre, apuntó la defensa.
El pedido de explicaciones se enmarca en una pieza separada en la que se investiga a Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo, por supuestamente intentar tumultuar el juicio por intento de golpe a través de acciones coordinadas con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En las conclusiones de esa indagación, la Policía Federal presentó cargos el miércoles contra ambos por un delito de “coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”.
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La defensa de Bolsonaro afirmó, sin embargo, que las conclusiones de la Policía no traen hechos nuevos e insistió en que su cliente “no ha incumplido ninguna de las cautelares impuestas en el último año y medio”.
Bolsonaro debe llevar un dispositivo de vigilancia electrónica mientras espera el veredicto. Foto:AFP
El mes pasado, el Supremo impuso a Bolsonaro una serie de cautelares, como el uso de tobillera electrónica ante el riesgo de fuga y la prohibición de usar las redes sociales, y días más tarde decretó su prisión domiciliaria al apreciar el incumplimiento de estas.
“El informe de la Policía causa estupor. Encaja como una pieza política, con el objetivo de desmoralizar a un expresidente (que, quieran o no las autoridades policiales, aún es un líder político), exponiendo su vida privada y acusándolo de hechos tan graves como descabellados”, expuso en el escrito el abogado Celso Vilardi, uno de los defensores de Bolsonaro.
Vilardi también defendió que usar WhatsApp no supone violar la medida cautelar que prohibió a Bolsonaro usar sus redes sociales.
“En ninguna de las decisiones hay mención alguna al uso de WhatsApp ni restricción al envío de mensajes a la lista de contactos privados —lo que no se confunde con una red social”, argumentó la defensa.
Bolsonaro afronta en el Supremo un juicio penal bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de su sucesor, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.
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Protesta a favor de la soberanía de Brasil. Foto:AFP
Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de cuarenta años de prisión, fue el principal motivo que llevó al presidente Trump a imponer un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo.
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