La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había pedido suspender el trámite de esa ley.
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía, aprobada por el Congreso de Perú, por iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van encontra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando firmó el Pacto de San José.
La mandataria suscribió la “ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000” en una ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima, un día después de retornar de su gira por Asia.
La aprobación de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
En cambio, no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o corrupción de funcionarios. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.
EFE- LIMA
