La Corte Constitucional de Ecuador suspendió este lunes de forma provisional una serie de artículos de diversas leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa, que han acumulado un conjunto de demandas de inconstitucionalidad por parte de organizaciones que advierten sobre la vulneración de diversos derechos fundamentales.
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Entre los artículos suspendidos se encuentran los más controvertidos de la Ley Orgánica de Inteligencia como el hecho de que los agentes de inteligencia encubiertos puedan adquirir identidades falsas y que el sistema nacional de inteligencia pueda requerir información a las empresas telefónicas y datos a otras entidades, así como disponer de fondos sin cumplir la ley de contratación pública.
En el caso de la Ley de Inteligencia suspendió los artículos 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55, y de su correspondiente reglamento aplicó la misma medida preliminar a los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y disposición general Primera, hasta que dicte una sentencia al respecto.
Entre ellos figuran aquellos que permitirían a los agentes de inteligencia, tanto policiales como militares, ejercer sus labores de manera encubierta y usar “técnicas y elementos tecnológicos (softwares y hardwares) en el espectro electromagnético y ciberespacio”.
Ciudadanos Ecuatorianos. Foto:Santiago Fernández. EFE
Tanto la oposición como distintas organizaciones de la sociedad civil han advertido que la Ley de Inteligencia puede suponer una puerta abierta al espionaje y persecución contra opositores políticos y periodistas, si bien el Gobierno ha asegurado que todo lo contemplado en la normativa debe tener una orden judicial previa.
Paralizado el “indulto anticipado”
Respecto a la denominada Ley de Solidaridad Nacional, cuyo propósito inicial era obtener mayores recursos para el combate de las fuerzas del orden contra el crimen organizado, la Corte Constitucional suspendió de manera preliminar el artículo que otorga a Noboa la prerrogativa del “indulto anticipado” a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del “conflicto armado interno” que el mandatario declaró contra las bandas criminales a inicios de 2024.
El máximo tribunal de garantías de Ecuador también dejó en suspenso otros artículos relacionados con la misma medida que creaba un régimen jurídico especial bajo el “conflicto armado interno” donde se establecía una serie de objetivos militares que así sean considerados por las propias fuerzas del orden.
En esa misma ley, quedó igualmente suspendida la definición de grupo armado organizado, que quedaba establecido como “toda agrupación estructurada de tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada en contra del Estado, la población y bienes civiles”.
Requisas de autoridades en Ecuador. Foto:EFE
Suspendida conversión de cooperativas de ahorro
Para la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada con el fin inicial de reducir la corrupción y aumentar la transparencia en el sector público, la Corte Constitucional también suspendió el artículo que obligaba a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedad anónimas del sector privado, como una medida para “proteger ahorros y preservar la estabilidad financiera”.
Estas leyes han sido aprobadas a iniciativa de Noboa tras su reelección como mandatario hasta 2029 en las elecciones celebradas en la primera mitad de este 2025, donde su partido Acción Democrática Nacional (ADN) se hizo con el control de la Asamblea Nacional (Parlamento) gracias al pacto con una serie de fuerzas políticas.
Soldados ecuatorianos. Foto:Ejército Ecuatoriano / AFP
Así logró sacar adelante con relativa facilidad estas normas que han generado rechazo parte del correísmo, que ha quedado prácticamente como única fuerza de oposición, y organizaciones sociales que velan por la defensa de los derechos humanos.
Posteriormente el Gobierno de Noboa ha logrado la aprobación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas que también ha acumulado diversas denuncias de inconstitucionalidad, mientras que recientemente el gobernante presentó el proyecto de Ley Orgánica de Control de Flujos de Capitales Irregulares, donde propone una vigilancia estatal sobre las finanzas de organizaciones y fundaciones de la sociedad civil.
EFE
