La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.
El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además del exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas.
El expresidente de Argentina Alberto Fernández, y su expareja, Fabiola Yáñez. Foto:EFE
En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.
Además, el juez Casanello embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos argentinos (11.653.771 de dólares), y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
El expresidente argentino Alberto Fernández (c) (2019-2023). Foto:EFE
Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista).
De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.
Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de 2.252 millones de pesos argentinos y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros. Mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del brókebrokero Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.
A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Expresidente argentino Alberto Fernández Foto:AFP
El papel de Fernández en el señalado entramado
El juez sostuvo que en el tratamiento de los seguros estatales “convivían dos espacios: el público y el privado”. En el público, se cumplían las formalidades y Fernández dictó el decreto 823/2021 para que las entidades estatales contrataran todas con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Pero en el privado se hacía lo contrario, “fomentando –dijo el juez- los negocios particulares del entorno presidencial con el Estado en desmedro de aquella racionalización”.
El expresidente “tenía un rol clave” en esa maniobra, de acuerdo con el fallo de hoy. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Para eso, se sacó fotos con Martínez Sosa que funcionaron como “un activo” para el empresario porque le permitían “documentar el vínculo” de “estrecha cercanía” con el Presidente y buscar negocios invocándolo.
Pero el papel de Fernández no se agotó ahí y si en algún caso el mensaje no bastó, a pedido de Cantero o de Martínez Sosa, el entonces presidente tomó a cargo la gestión necesaria y se ocupó “directamente de remover los obstáculos que pudieran aparecer”, relató el juez.
Expresidente argentino Alberto Fernández Foto:AFP
El fallo da cuenta de dos episodios en los que Fernández pasó de la aquiescencia a la acción directa.
El primero está relacionado con los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, le dijo Fernández a Cantero cuando ella se quejó de que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor” como intermediario con Nación Seguros. En efecto, unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Martínez Sosa conservó el negocio.
La segunda gestión directa fue, de acuerdo con el fallo, en 2022, cuando Martínez Sosa quería evitar que corrieran a Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros porque este funcionario podía colaborar con sus negocios con el Estado. García Argibay, según el fallo, tenía además negocios espurios con Martínez Sosa a través de la productora de seguros Bachellier, que resultó ser una empresa fantasma.
El fallo da cuenta de dos episodios en los que Fernández pasó de la aquiescencia a la acción directa Foto:EFE
En su batalla para que no removieran a García Argibay, Martínez Sosa consiguió reunirse con Fernández -una serie de chats dan cuenta de cómo insistió para ello-. Después, le contó a su mujer que le había ido muy bien en ese encuentro y que todo se iba a destrabar. En efecto, pese al cambio de autoridades de Nación Seguros, García Argibay fue mantenido en el cargo.
En definitiva, dice el juez, “si la mera invocación no bastaba, los modos de convencimiento llegaban a incluir la intervención directa del entonces presidente: no era una venta de humo sino que la influencia era real”.
Este es el segundo procesamiento dictado contra Alberto Fernández. El primero, por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez, fue confirmado en abril de este año por la Cámara Federal.
